Trabajó en un principio de manera militante en las causas de lesa humanidad y posteriormente en el Registro Único de la Verdad hasta que su contrato fue cesanteado luego de 15 años de servicio. Un recorrido por su historia, sus inicios como defensor de los DDHH y el estado actual de la militancia.
- por Francisco Ruiz Diaz.
| Aquellas personas – una publicación en la edición de marzo de la Revista Barriletes
Marcelo Boeykens, nacido en 1979, es abogado e integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná. Trabajó desde 2011 en el Registro Único de la Verdad, la única institución vinculada a la memoria a nivel provincial, de la cual fue coordinador en 2016. En la última semana de diciembre del año pasado, en plena época de fiestas, le llegó un mail por el cual le notificaron a él y a otros tres de los siete trabajadores del Registro que habían sido desafectados del Registro y desvinculados del Estado provincial.
La actualidad del RUV
—¿Cuál fue la situación del cese de contratos en el Registro Único de la Verdad?
—Desde que asumió esta gestión provincial hubo una política de desmantelamiento del Registro, una desestructuración que comienza al poco tiempo de la asunción. La estocada final llegó en los últimos días del año pasado, cuando nos echaron a cuatro de los siete trabajadores sin haber realizado siquiera un sumario administrativo. Trabajé en el RUV desde 2011, es decir, durante 15 años, siempre con un contrato de servicio. Otra de las personas que desafectaron fue Alejandro Milocco, que es un caso particular porque tiene tutela gremial al ser delegado y no es posible echarlo a menos que la justicia le quite esa tutela para poder realizar el sumario. No ocurrió nada de eso. También desafectaron a Luis Jaureguiberry, que es expreso político, y a Laura Méndez, hija de padre y madre desaparecidos que fue reubicada en otro área. En mi caso, yo era el único abogado del Registro, por lo que no quedó nadie que lleve adelante las causas. De hecho, hay compromisos asumidos por el Registro en una causa en Concepción del Uruguay, allí íbamos a actuar como amigos del tribunal —dijo en relación a la figura legal Amicus Curiae, que permite a terceros ajenos a un juicio aportar información dentro de este— y en donde ahora actuará María Emma Bargagna, directora general de DDHH de la provincia, que tiene una postura muy diferente de la que hemos tenido históricamente, ella reivindica abiertamente la teoría de los dos demonios. No queremos que el RUV hable de una ‘nueva verdad’ como se pretende desde el Gobierno Nacional. En la provincia la justicia ha sido muy clara, en la Argentina hubo un genocidio, esto se ratifica en varias sentencias, por ejemplo en el Tribunal Oral Federal de Paraná y en el de Concepción de Uruguay.
Luego de la desvinculación firmada de manera efectiva, los despedidos en conjunto con la Multisectorial de Derechos Humanos y organizaciones sindicales se manifestaron para pedirle una audiencia a las autoridades responsables. El gobierno transmitió a través de los medios un comunicado que enunciaba que la cesación de contratos no respondía a despidos, sino únicamente a la finalización de contratos temporales.
—¿Luego de los pedidos de audiencia, hubo alguna respuesta además de la desvinculación?
—El 100% de las autoridades se encontraban de vacaciones. Nunca pudimos encontrarnos con el Secretario de Justicia, Julián Maneiro. Les pedimos audiencia a los diputados, a los senadores, a Maneiro, al Gobernador, parece que en enero nadie trabaja. Y el gobierno habla de ñoquis, ¿señalarnos a nosotros que no trabajamos? Señalarme a mí como que si no he trabajado, ¿quiénes llevamos a cabo los juicios de lesa humanidad en la provincia? Cabría preguntarse por otro lado ¿cuál es la política de derechos humanos que hay en la Provincia de Entre Ríos? ¿Qué se piensa hacer para el 24 de marzo, que se cumplen 50 años del golpe? El Registro llegó a funcionar con 16 personas en conjunto a las vinculaciones con Abuelas, CONADI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el equipo Argentino de Antropología Forense. Tenemos las gestiones anteriores para mostrar nuestro trabajo; la gestión actual no puede mostrar nada, absolutamente nada. De hecho, fue todo tan siniestro que el veintipico de diciembre, después de las fiestas, la Directora de DDHH, hizo un asado para todas las personas que trabajábamos en el Registro. Dos días después nos llegó el mail diciendo que estábamos desvinculados del Estado Provincial.
—¿Cuáles fueron los primeros cambios desde la asunción de la gestión provincial?
—Operábamos en una delegación de más de 120 metros cuadrados en la esquina de San Juan y Andrés Pazos, un lugar donde teníamos seis espacios. Fuimos sacados prácticamente el primer mes de la gestión y nos llevaron a una única oficina, es decir, de seis habitaciones pasamos a una sola, donde teníamos que atender a personas que se acercaban al Registro dudando de su identidad, otras que en situación de angustia iban a contarnos sus padecimientos, testigos que tenían que declarar en juicio, etcétera. Todas esas situaciones en un único espacio donde nos metieron a las entonces 10 personas que éramos. Por otro lado, a mí no me pagaron más viáticos para viajar a las causas de lesa humanidad, por lo que empecé a trabajar de manera virtual presentando escritos para que se me autorice a participar de esa manera. Por supuesto que no lo podía hacer en la misma oficina en la que trabajaban mis compañeros, tenía que hacerlo en mi propio estudio jurídico. No se pudo trabajar más con normalidad.
El 6 de enero de este año se publica la información sobre el descubrimiento de lo que fue un centro clandestino de detención en el predio dónde hoy se encuentra el campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, entre las calles General Espejo y El Paracao.
—¿Cómo continúa la investigación del descubrimiento del centro clandestino de detención luego del desmantelamiento del Registro?
—La Fiscalía Federal tiene un área específica de Derechos Humanos, que se creó cuando comenzaron a haber muchas causas en todo el país. Con los casos que tratamos, como la desaparición de Pichón Sanchez y de la restitución de la identidad de Sabrina Gullino, elevábamos a la fiscalía un paquete cerrado de información para que avance, es decir, les llevábamos una investigación preliminar. Hoy en día al no tener equipos y no estar en condiciones, cualquier dato se pasa directamente a la fiscalía para que lleve adelante la investigación.
—Ahora que más de la mitad del equipo fue desafectado, ¿qué sucede con los archivos?
—Los archivos permanecen en el Registro, el temor que tenemos es ¿quién va a administrarlos? El resguardo de esos documentos siempre estuvo a cargo de las personas del Registro, que en verdad, éramos los más interesados en que se preserven. En mi caso, que he trabajado como abogado en causas de lesa y trabajo con esos archivos, soy quién más va a cuidarlos. Si llega gente que no está en las causas de derechos humanos, o no les interesan, no sabemos en manos de quién quedarán esos archivos de la memoria. Por eso estamos ensayando algunos intentos de meter una medida cautelar para que se designe a los organismos de DDHH como garantes de los archivos, para que no puedan moverse sin su anuencia, siendo que son los principales interesados en que se preserven ante un Estado negacionista.
—¿Cuál es el plan para continuar con la lucha?
—Hemos seguido con la vida administrativa. En el caso de Milocco metimos recursos de nulidad porque no podía ser cesanteado ni sumariado dada la tutela gremial. En el caso de los otros compañeros, salvo en el caso de Méndez, que fue reubicada, metimos recursos de revocatoria. ¡Qué nos digan quién es la autoridad que dictó esto, qué sumario administrativo existe! Podrían decir que con esta nueva forma de flexibilizar los contratos, que ahora son a término y temporales no es necesario, pero los contratos de servicio también implicaban temporalidad, entonces, que el último haya sido con esta nueva figura, no anula todo lo demás. Luego de un año se entiende que debe haber un sumario, bueno yo tengo 15 años. Es decir, nosotros tenemos todos los derechos frente al Estado Provincial, estamos convencidos de que si no hay una respuesta administrativa, en el plano judicial les vamos a ganar y que les va a salir mucho más costoso tener que pagarnos los daños y perjuicios y las indemnizaciones que se nos deben como trabajadores.
El Gobierno de la Provincia cambió la figura legal de los contratos de servicio (Contratos de Locación de Servicio) a inicios del 2025, modificándolos a Contratos Temporarios, en pos de una supuesta modernización.
—¿Qué opinas de la cobertura mediática que tuvo la discusión sobre la cesantía de contratos?
—Tengo una buena relación con la mayoría de los periodistas en Paraná porque siempre hemos trabajado conjuntamente. Entiendo que muchos de ellos están frenados por la pauta oficial. Algunos me lo han dicho claramente: ‘no podemos avanzar más que esto’. Pero la cobertura estuvo. Lo que fue llamativo fue cómo rápidamente los medios dieron esa suerte de derecho a réplica que no fue tal, porque fue una mentira, una barbaridad tras otra: porque aludir a que lo que hubo fue una ‘no renovación de contratos temporales’, cuando la mayoría llevábamos más de 10 años trabajando… —dijo con ironía y sin completar la frase.
—¿Cómo fue tu experiencia como coordinador en 2016?
—Luego de la trayectoria que tuve como abogado, y luego de la jubilación de María Luz Piérola, la entonces coordinadora, fui designado por los organismos de Derechos Humanos en ese cargo. Por lo tanto, empecé en la coordinación cumpliendo una doble función, ya que seguía en las causas. En ese momento era el primer año de la gestión de Bordet a nivel provincial, y el primer año del macrismo a nivel Nacional. Eso fue un proceso raro, porque demostró que las causas de lesa humanidad no tenían vuelta atrás, que eran irreversibles. Veníamos de un gobierno nacional que tenía otra mirada e impronta y, a pesar del cambio, las causas no se pudieron tocar, de hecho, el propio gobierno de Milei tampoco puede avanzar sobre las causas, ya que en Argentina el proceso de juicio a los genocidas y responsables fue llevado a cabo por Jueces Naturales, es decir no hubo tribunales especiales ni leyes excepcionales para estos casos, como sucedió en otros países que también juzgaron a sus dictadores, como en Japón o Alemania. De hecho, en 2015 en Entre Ríos comienzan a destrabarse la mayor cantidad de causas, ya que se desarticula un viejo código de procedimiento en materia escrita que había sido elegido por los propios genocidas. Algunas de las causas se iniciaron luego de la recuperación de la democracia en el 83 y en ese momento regía este otro modo de proceso penal. Las primeras causas en Paraná se reabrieron recién a partir de 2003, a pesar de eso las más importantes en la provincia, como las causas Área Paraná I y su desprendimiento Área Paraná II, en conjunto con algunas otras, recién llegaron a su sentencia en 2015. A pesar de que anteriormente hubo otras, las causas Área Paraná fueron las que más víctimas y victimarios tenían. Por supuesto que hubo retrocesos en los programas articulados con Nación, que quedaron prácticamente parados. Cuando el Estado intervino fuertemente en una política de memoria y de búsqueda de nietos, como en 2008, se lograron siete u ocho restituciones; apenas asumió el macrismo, durante los años 2016 y 2017, ese número bajó a dos o tres por año. Bajo el gobierno actual estamos prácticamente en la misma línea.
Sobre su vida personal
—¿Cómo fue que iniciaste tu trabajo en el Registro?
—Mi llegada al RUV se da en el año 2011 cuando se estaba tramitando la primera causa de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos, la causa Hospital Militar. En ese momento trabajaba en el Hospital Escuela de Salud Mental, pero dejé el cargo para participar en esto que entendía que era un momento histórico para la Argentina, comparable al Juicio a las Juntas. De hecho, hasta más importante en algún punto, porque llevó a la construcción de la verdad de lo que había pasado en los años del terrorismo de Estado y a una prisión efectiva hacia los genocidas, cosa que no había terminado de pasar en el Juicio a las Juntas. Así fue como me vinculé al Registro, más allá de haber pertenecido a los organismos de derechos humanos anteriormente.
—¿Cómo te iniciaste en la militancia?
—Nací en el año 79. En ese momento mi padre estaba viendo la posibilidad de irnos del país. Cuando se produce mi nacimiento finalmente nos exiliamos en Paraguay hasta el año 82 u 83 cuando las cosas empezaron a mejorar en el país. Mi madre, Susana Fory de Boeykens, había sido decana en la Facultad de Ciencias de la Educación en los años del gobierno de Cámpora, con el avance de la derecha peronista fue desplazada de su cargo luego de la famosa toma de la facultad —dijo en relación a la toma ocurrida en el año 74—. Gracias a esto, obviamente entró en las listas negras y nunca más pudo ejercer la docencia y se dedicó a ser ama de casa en los momentos más difíciles. Por lo que desde muy chiquito estuve relacionado con la militancia. Bastante después del retorno de la democracia, en 2001, estaba estudiando en la Facultad de Derecho de la UNL. Al fervor de toda la lucha que se gestaba en el país se crearon muchas organizaciones, muchos organismos y muchas agrupaciones estudiantiles independientes y de izquierda. En aquel momento fundamos en la facultad una agrupación que se llamaba Oktubre en Derecho, donde cada 24 de marzo poníamos un cartel pidiendo por la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cartel que íbamos recauchutando año a año, hasta que finalmente se anularon, y luego pedimos por el verdadero Juicio y Castigo. Fue en 2004 o 2005 que comenzamos a trabajar en el armado de las causas y finalmente, en el año 2008 intervine colaborando con abogados dentro de las causas. Luego, en 2009, con José Iparraguirre (reconocido abogado en causas de lesa humanidad) intervenimos directamente en la causa por la desaparición forzada de Alicia López, una docente de las Ligas Agrarias Santafesinas, pariente de Estanislao López.
Sobre la militancia
—¿Cómo ves hoy en día el panorama de la militancia, comparada con 2001, por ejemplo?
—Creo que en el proceso de 2001 había habido una construcción contrahegemónica muy importante. Luego, esa contrahegemonía pasó a ser hegemónica y se desacostumbró a ser oposición. Hay que salir de este terreno y volver a dar la batalla, la disputa. Primero tenemos que convencernos de que la hegemonía hoy la tiene el gobierno nacional, el provincial, los discursos de odio. Ante eso nosotros tenemos que salir a contrarrestar. ¿Dónde están las alternativas? ¿Cúal es, por ejemplo, la alternativa a la baja de la imputabilidad? ¿Qué proponemos? Hay que salir a proponer, porque sin propuestas no va ha haber tal contrahegemonía, creo que la militancia se encuentra en una encrucijada de no avanzar en esa construcción. Eso no quiere decir que tengamos que estar todos bajo el mismo paraguas, el 2001 no fue así: en cada plaza, en cada rincón, en cada centro de estudiantes existían discusiones. Tenemos que empezar de vuelta.
—¿Creés que eso responde a un panorama político más amplio que incluye a las dirigencias?
—Por supuesto, nos acostumbramos a que nos digan qué tenemos que hacer, y cuando eso no existe, las masas parecen perdidas. Hay que volver a construir un movimiento de masas, construir cada uno desde nuestros lugares, el resto se va a acomodar y va a ser lo que nos lleve a pensar otra alternativa posible. Estamos viviendo en un contexto mundial de reacomodamiento geopolítico. En su momento, en el 94, cuando todo parecía perdido, apareció Chiapas, cuando todo parecía perdido apareció Seattle y las luchas antisistema, después el ambientalismo, etcétera. Se mueve por oleadas, las progresistas, cuando vengan, tendrán que venir con más fuerza. Se demostró que los distintos progresismos y las distintas posibilidades que tuvieron en los países (latinoamericanos) fueron diferentes: no fue lo mismo Lula Da Silva que Néstor Kirchner, ni que Evo Morales, ni que Rafael Correa, ni que Michelle Bachelet ni que Hugo Chávez, cada uno a su manera llevó a sus pueblos un progreso en el bienestar social mejor que lo transcurrido en los 90. Así como Latinoamérica fue el laboratorio del neoliberalismo en los años 70, 80 y 90, también fue el laboratorio del progresismo; pero eso nos mostró su límite, hay que profundizar —cerró enfatizando.
—¿Qué más te gustaría agregar?
—Quiero decir y recordar que hubo un consenso democrático después del año 83 u 84, que fue el famoso Nunca Más, similar a lo que pasó luego de la creación de las Naciones Unidas al final de la segunda guerra mundial, con el objetivo de evitar otra catástrofe humana como la ocurrida. Teodoro Adorno hablaba que la primera de las obligaciones de la educación era que Auschwitz no se repita, igual que acá. La traducción del Nunca Más es que no se repita la maternidad clandestina de Paraná, que el Escuadrón de Comunicaciones de Paraná no se repita, que Tierra Bomba no se repita, que el Museo de Bellas Artes no se repita, que los más de 330 entrerrianos que aún tienen su identidad suprimida sigan siendo buscados. Que ese Nunca Más sea traducido en políticas de Estado, porque la única manera de asegurar la garantía de no repetición es mantener viva la memoria. Cuando hay políticas de memoria, verdad y justicia, el Estado puede hacer que en un año haya siete restituciones; cuando el Estado se retira, puede haber cero. Si al Estado provincial no le interesa la restitución de nietos, ni qué pasó con las identidades de los entrerrianos desaparecidos, que lo digan de una buena vez y buscaremos la alternativa para que desde la militancia se siga sosteniendo.